*Al inicio de la administración Borge, la deuda era de 10 mil 037 millones, y al finalizar la misma se disparo a 123 por ciento, con 22 mil 442 millones de pesos
Carlos Quintanar
La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, pidió al Gobierno Federal emitir una "alerta migratoria", para evitar que el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, huya del país y evada la justicia, como ocurrió con el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte.
La diputada Isaura Pool, recordó que sobre el ex mandatario pesan acusaciones por elevar en 123 por ciento la deuda estatal, uso irregular del erario y por el despojo de terrenos en zonas turísticas, para posteriormente rematarlos a funcionarios públicos.
Acompañado por un grupo de legisladores del Sol Azteca, Pool Pech también demandó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise de manera extraordinaria las cuentas de la entidad, a fin de esclarecer las acusaciones sobre probable desvío de recursos públicos.
Detalló que al inicio de la administración Borge, la deuda era de 10 mil 037 millones, y al finalizar la misma se disparo a 123 por ciento, con 22 mil 442 millones de pesos.
Señaló que en septiembre pasado, el Congreso local dio a conocer que el mandatario realizó gastos excesivos y superiores a los 48 millones 581 mil dólares, en la renta de aviones particulares.
Ello, aunado a que investigaciones periodísticas apuntan a que el gobierno del priísta se apoderó de terrenos en zonas hoteleras en Tulúm y Cancún, a fin de rematarlas políticos, amigos y familiares.
Expuso que a partir de la denuncia interpuesta por el gobernador Carlos Joaquín, la Fiscalía General de Quintana Roo ya inició el proceso de notificación al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad Especializada de Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República (PGR), para que investiguen a la compañía "Barcos Caribe", presuntamente creada por el ex mandatario a través de prestanombres.
Añadió que de acuerdo a denuncias hechas por maestros, el ex gobernador también desvío cerca de 800 millones de pesos correspondientes al magisterio.
Por lo anterior, remarcó, se promueve un punto de acuerdo en San Lázaro, para que en aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Procuraduría General de la Republica (PGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM) emitan de inmediato una alerta migratoria para que el ex gobernador no pueda evadir la justicia, incluyendo a los funcionarios que fueron partícipes de las irregularidades que se le achacan.
"El gobierno federal tiene la obligación de coadyuvar en la instrumentación de mecanismos y recursos jurídicos armónicos, en materia de trasparencia y rendición de cuentas. Los quintanarroenses tienen derecho a saber dónde quedaron los recursos públicos destinados", planteó.
